Mexicali, B.C., lunes 28 de abril de 2025.- Las diputaciones integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de esta XXV Legislatura, por conducto de su presidenta, la diputada Alejandra Ang Hernández, presentaron ante el Pleno un punto de Acuerdo para solicitar al Síndico Procurador del XXV Ayuntamiento de Mexicali, Oscar Vega Marín, presente un informe escrito respecto a la situación que guarda a la fecha, el Patronato Alianza Empresarial para la Seguridad Pública.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada Alejandra Ang refirió que a pesar de la noble función de este organismo público, durante los trabajos desarrollados por la Comisión fiscalizadora en la XXIV Legislatura se detectaron hallazgos de auditoría contenidos en los Informes Individuales de los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, que han evidenciado errores y omisiones significativos y generalizados en la información financiera correspondientes a sus Cuentas Públicas.
Por lo que informó que la Presidencia de este órgano legislativo emitió un Acuerdo Parlamentario en septiembre de 2023, donde se exhortó a la Presidenta Municipal de Mexicali, para elaborar y presentar un informe por escrito del estado que guardaba, el Patronato Alianza Empresarial para la Seguridad Pública, sin embargo, no se recibió respuesta alguna.
Por otro lado, en febrero de 2025, se recibió el Informe Individual de Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 del Organismo Alianza Empresarial, donde se observa que no entregó ningún avance de gestión financiera, solo la integración de la Cuenta Pública de forma extemporánea en mayo de 2024.
Asimismo, destacó que en octubre de 2023 su órgano de gobierno declaró la suspensión de actividades de manera indefinida, además de que no se realizó el inicio de la auditoría por parte de la ASEBC.
Subrayó que de 2020 a la fecha el ente ha acumulado 3 Pliegos de Observaciones, 32 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Recomendaciones, donde puede apreciarse presunción de daño patrimonial e incumplimiento reiterativo a la normatividad, donde desde 2020 no han presentado información financiera, contable, programática, presupuestal y administrativa confiable.